Compliance tributario: Cómo proteger al directorio ante la Ley de Delitos Económicos

Con la promulgación de la Ley 21.595 de Delitos Económicos y la Ley 21.713 sobre Cumplimiento Tributario, la responsabilidad sobre la gestión fiscal recae en las altas directivas, lo que hace indispensable la aplicación del compliance tributario. En WyA Consultores te contamos por qué esta herramienta operativa se ha convertido en un elemento estratégico del gobierno corporativo, al contribuir a la mitigación de riesgos, el resguardo de la reputación y la continuidad de la empresa. ¡Descubre todas sus ventajas!

Impacto de la Ley de Delitos Económicos y Tributarios en el directorio

La nueva normativa eleva la exposición penal de los directores, gerentes y administrativos, al reducir el margen de atenuantes ante infracciones fiscales cometidas en la empresa. Bajo esta regulación, declarar desconocimiento o falta de intención no exime de responsabilidad a los altos mandos, por lo que la omisión en el deber de supervisión y la carencia de un programa de compliance tributario pueden derivar en imputaciones personales. Así, se obliga a las directivas a asumir un rol activo en el monitoreo de criterios contables, garantizando una trazabilidad documental rigurosa en las operaciones de la empresa. Esta exigencia transforma el cumplimiento fiscal en una materia prioritaria de control interno, porque ahora no basta con delegar la contabilidad en terceros; la alta gerencia debe contar con reportes periódicos que acrediten la correcta determinación de los impuestos.

Principales riesgos penales y tributarios para los administradores

Cuando la gestión fiscal es deficiente o no posee supervisión, los ejecutivos y la organización en su conjunto se exponen a graves consecuencias legales, financieras y reputacionales:

• Responsabilidad penal personal: Riesgo de imputación y penas privativas de libertad para directores y administradores por delitos tributarios, evasión o facilitación de información falsa.
• Sanciones y multas corporativas: Sanciones económicas elevadas que comprometen el flujo de caja, la liquidez y la viabilidad operativa de la empresa.
• Inhabilitación para ejercer cargos: Imposibilidad legal temporal o permanente para desempeñarse como directivo o administrador en entidades públicas y privadas.
• Daño reputacional y pérdida de financiamiento: Deterioro del perfil de cumplimiento ante el Servicio de Impuestos Internos (SII), lo que afecta la relación con bancos, inversionistas, clientes y proveedores.

La auditoría preventiva para detectar contingencias a tiempo

Para evaluar el nivel de compliance tributario dentro de la organización, la herramienta más eficaz es la ejecución de la auditoría preventiva de manera periódica. A través de este proceso, se pueden identificar las inconsistencias contables, los errores en la determinación de impuestos (como IVA o Renta) y las brechas en declaraciones juradas, antes de ser revisadas por el SII. Si dichas desviaciones son diagnosticadas a tiempo, la administración puede regularizar los saldos, respaldar adecuadamente las operaciones y demostrar el control exigido por la ley. Asimismo, una revisión preventiva constante permite optimizar la carga tributaria mediante el uso correcto de beneficios legales, pudiendo transformar el proceso de control en una oportunidad de ahorro operativo para la empresa.

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